El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género[1] elaboró un estudio, el primero de estas características, sobre el centenar de sentencias dictadas en 2020 por el Tribunal Supremo en casos relacionados con delitos contra la libertad y la indemnidad sexual cometidos tanto contra personas adultas como contra menores de edad.
Entre otras conclusiones, el informe revela que en siete de cada diez casos (el 68,1 % de los analizados), la víctima de la agresión sexual era una niña o un niño. También, que la práctica totalidad de las víctimas adultas eran mujeres (el 97,7 %), mientras que en el caso de los menores ese porcentaje disminuye hasta el 68,4 % al ser también los niños objeto de este tipo de prácticas delictivas.
Los supuestos con víctimas menores de edad sumaron 64, con un total de 95 víctimas: 65 niñas y 30 niños. Un elemento distintivo de la violencia sexual ejercida sobre menores son los tiempos de duración, elemento sobre el que se recoge información en 49 sentencias. En un tercio de esos casos (30,6 %), la situación de violencia se prolongó durante varios meses; en el 14,3 %, durante un año y en el 12,2 %, dos años. El estudio revela que las agresiones se prolongaron durante 5 y 6 años en un 10,2 % de casos y hasta 7 o más años en otro 12,2 por ciento.[2]
En la Memoria de la Fiscalía General del Estado 2021[3] se señalan, entre otras, las siguientes cuestiones en relación con las víctimas menores:
Analiza la fiscal de Toledo el alcance de la Ley 8/2021. Tanto de la reforma de 2015, como de las operadas en 2021, deriva la afirmación de que corresponde al Ministerio Fiscal exigir la implementación de los medios que reconoce el Estatuto de la Víctima y la Ley de Enjuiciamiento Criminal a las víctimas menores de edad y personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Tras varios años ya de andadura del Estatuto de la Víctima, es apreciable un mayor grado de implementación de sus previsiones, tanto en los distintos cuerpos policiales como en los órganos jurisdiccionales de la provincia de Toledo, así como una concienciación de los operadores jurídicos acerca de la necesidad de proteger eficazmente a las víctimas, desde una perspectiva multidisciplinar. A pesar de ello, el camino aún es largo y quedan muchos obstáculos por superar. La materialización práctica de las previsiones del Estatuto de la Víctima requiere de una dotación suficiente de medios materiales y personales. Un reconocimiento de derechos necesariamente debe venir acompañado de los recursos necesarios para hacerlos efectivos. Es de esperar, que la asistencia a los juicios de los menores de edad y personas con discapacidad necesitadas de especial protección víctimas o testigos de delitos a los juicios sea menor desde la entrada en vigor de la obligación de preconstituir la prueba, de conformidad con el artículo 449 bis de la LECrim.
En el País Vasco, especialmente en delitos contra la libertad e indemnidad sexuales o determinados delitos violentos, las declaraciones preconstituidas se efectúan por lo general a través de psicólogos del equipo psicosocial, procurando concentrar en un único acto o día la declaración, evaluaciones psicológicas y forenses y exploración médica forense, si bien ello plantea mayores dificultades cuando se efectúan las diligencias en el servicio de guardia.
En la Comunidad Valenciana, hay dos funciones importantes que realizan las Oficinas de Ayuda a las Víctimas con respecto a las víctimas menores de edad y con discapacidad, que son:
- el acompañamiento a las víctimas de delitos en los juicios
- el acompañamiento a estas víctimas especialmente vulnerables cuando acuden a ser explorados en la cámara Gesell como víctimas, la mayoría de las veces, de delitos de agresiones sexuales, aunque también constan casos de delitos de violencia doméstica.
Casos en que el agresor y la víctima son menores de edad:[4]
En relación con las personas menores de edad, ha aumentado el número de supuestos en los que el agresor y la víctima son menores de edad, según los datos estadísticos de la Fiscalía de Menores, en relación a los casos del año anterior, siendo el número de diligencias preliminares incoadas este año por violencia de género de 793, lo que supone un 22,56 % más que el año 2021 y se sitúa en márgenes casi coincidentes con el año 2019 en que se registraron 788 infracciones.
Los datos también reflejan que se ha producido un descenso en las denuncias por violencia de género ejecutada por menores de edad durante la pandemia, lo que no debe de ser interpretado como un descenso de esa violencia sobre todo a través de las nuevas tecnologías, al ser este el medio natural en el que se relacionan habitualmente, dado que la convivencia entre parejas menores de edad es excepcional.
NOTE:
[1] https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/El-Observatorio-contra-la-violencia-domestica-y-de-genero/
[2] Poder Judicial España. https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Siete-de-cada-diez-casos-de-violencia-sexual-revisados-por-el-Tribunal-Supremo-en-2020-tenian-como-victimas-a-menores-de-edad-
[3][3] Memoria Fiscalía General del Estado 2021. pp. 895-915.
[4] Memoria Fiscalía General del Estado 2021. p. 1114.
The Observatory against Domestic and Gender Violence[1] prepared a study, the first of its kind, on the hundred sentences handed down in 2020 by the Supreme Court in cases of crimes against sexual freedom and indemnity committed against both adults and minors.
Among other conclusions, the report reveals that in seven out of ten cases (68.1% of those analyzed), the victim of the sexual aggression was a girl or a boy. Also, almost all the adult victims were women (97.7%), while in the case of minors this percentage drops to 68.4%, as children are also the target of this type of criminal practice.
There were 64 cases involving minors, with a total of 95 victims: 65 girls and 30 boys. A distinctive element of sexual violence against minors is the duration of the violence, an element on which information was collected in 49 judgments. In one third of these cases (30.6%), the violence lasted several months, in 14.3% one year and in 12.2% two years. The study reveals that the aggressions lasted 5 and 6 years in 10.2% of the cases and up to 7 or more years in another 12.2% [2].
The 2021 Report of the State General Prosecution Office[3] points out, among others, the following issues in relation to underage victims:
The Toledo prosecutor analyzes the scope of Law 8/2021. Both the 2015 reform, as well as the reforms of 2021, derive the affirmation that it is up to the Public Prosecutor’s Office to demand the implementation of the means recognized by the Statute of the Victim and the Law of Criminal Procedure for underage victims and persons with disabilities in need of special protection. After several years of the Statute of the Victim, a greater degree of implementation of its provisions can be seen, both in the different police forces and in the jurisdictional bodies of the province of Toledo, as well as an awareness of legal operators about the need to effectively protect victims, from a multidisciplinary perspective. Despite this, the road is still long and many obstacles remain to be overcome. The practical materialization of the provisions of the Victims’ Statute requires sufficient material and human resources. Recognition of rights must necessarily be accompanied by the necessary resources to make them effective. It is to be expected that attendance at trials by minors and persons with disabilities in need of special protection, victims or witnesses of crimes, will be lower since the entry into force of the obligation to pre-constitute evidence, in accordance with Article 449 bis of the LECrim.
In the Basque Country, especially in crimes against sexual freedom and indemnity or certain violent crimes, pre-constituted statements are generally made through psychologists of the psychosocial team, trying to concentrate in a single act or day the statement, psychological and forensic evaluations and forensic medical examination, although this poses greater difficulties when the proceedings are carried out in the on-call service.
In the Valencian Community, there are two important functions carried out by the Victim Assistance Offices with respect to minor victims and victims with disabilities, which are:
- the accompaniment of victims of crime in court trials
- the accompaniment of these especially vulnerable victims when they come to be explored in the Gesell chamber as victims, most of the times, of sexual aggression crimes, although there are also cases of domestic violence crimes.
Cases in which the aggressor and the victim are minors:[4]
In relation to minors, the number of cases in which the aggressor and the victim are minors has increased, according to the statistical data of the Juvenile Prosecutor’s Office, in relation to the cases of the previous year, being the number of preliminary proceedings initiated this year for gender violence of 793, which is 22.56% more than in 2021 and is located in margins almost coinciding with 2019 in which 788 crimes were registered.
The data also show that there has been a decrease in reports of gender violence perpetrated by minors during the pandemic, which should not be interpreted as a decrease in such violence, especially through new technologies, since this is the natural medium in which they usually interact, given that cohabitation between underage couples is exceptional.
NOTE:
[1] https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/El-Observatorio-contra-la-violenci-domestica-y-de-genero/
[2] Poder Judicial España. https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Siete-de-cada-diez-casos-de-violencia-sexual-revisados-por-el-Tribunal-Supremo-en-2020-tenian-como-victimas-a-menores-de-edad-
[3][3] Memoria Fiscalía General del Estado 2021. pp. 895-915.
[4] Memoria Fiscalía General del Estado 2021. p. 1114.
